Por Juan Pablo Ojeda
En el Congreso mexicano hay propuestas que buscan cerrar vacíos legales que, en la práctica, dejan desprotegidas a muchas familias. Una de ellas es la que impulsa la diputada María Isidra de la Luz Rivas, quien plantea suspender la patria potestad a quienes sean vinculados a proceso por feminicidio o incluso por intento de este delito.
Dicho en palabras simples, la iniciativa busca evitar que una persona acusada de intentar o cometer feminicidio pueda seguir tomando decisiones legales sobre sus hijas o hijos mientras enfrenta un proceso penal. Hoy en día, ese escenario puede ocurrir, y ahí es donde la propuesta intenta intervenir.
La lógica detrás de esta reforma es poner en el centro a las niñas y niños. Porque cuando ocurre un feminicidio, no solo hay una víctima directa, también hay víctimas indirectas: los hijos que quedan en medio de una situación extrema. Y en muchos casos, quien termina con la custodia es precisamente el padre, que puede ser sospechoso o incluso responsable del delito.
Lo que propone la diputada es que, desde el momento en que una persona es vinculada a proceso —es decir, cuando un juez considera que hay elementos para investigarla formalmente—, se suspenda automáticamente su patria potestad. Esto incluye decisiones sobre crianza, educación, convivencia e incluso visitas.
En términos de política pública, esta iniciativa se alinea con un principio clave: el interés superior de la niñez. Esto significa que, por encima de cualquier otro derecho, debe garantizarse la seguridad y bienestar de los menores. Si existe un riesgo, la ley debe actuar de forma preventiva, no esperar a que el daño sea mayor.
Además, la propuesta obliga a los jueces a actuar de oficio, es decir, sin necesidad de que alguien lo solicite. Si detectan que hay un caso de violencia o un proceso por feminicidio, tendrían que modificar o suspender la custodia y las convivencias automáticamente.
Este tipo de medidas también buscan mandar un mensaje claro: la violencia contra las mujeres no solo tiene consecuencias penales, también impacta en el ámbito familiar y en los derechos parentales. Es una forma de reconocer que estos delitos tienen efectos mucho más amplios que los que tradicionalmente se consideran.
En el fondo, lo que está en discusión es cómo el Estado protege a quienes quedan en una situación de mayor vulnerabilidad tras un delito de este tipo. No se trata solo de castigar al agresor, sino de evitar que el entorno de las víctimas siga siendo un espacio de riesgo.
La iniciativa ahora será analizada en comisiones, donde se discutirá su viabilidad jurídica y su impacto. Pero el planteamiento ya abre un debate importante: qué tanto debe intervenir la ley para proteger a la niñez en contextos de violencia extrema.
